Para reforzar la vigilancia y protección de recursos públicos destinados a atender la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, el Gobierno ordenó a los jefes de control interno de las entidades públicas, revisar y ajustar los Planes Anuales de Auditoría con el fin de incluir seguimientos especiales a los procesos de contratación derivados de la emergencia económica.

A través de la Circular 10- 2020, se les pide a los jefes de control interno -como aliados estratégicos del Ejecutivo para la vigilancia de los recursos públicos- implementar medidas especiales y procedimientos inmediatos de verificación y seguimiento en la contratación, con la celeridad que demanda la crisis en todas las regiones del país.

Además, se les solicita una vigilancia especial a nuevos contratos, en el marco de la urgencia manifiesta; la Circular les señala la necesidad de hacer seguimiento para que las entidades identifiquen incumplimientos y responsables de procesos contractuales y establezcan correctivos y acciones de mejora.   Este momento que vivimos -reiteran los funcionarios firmantes de la Circular- requiere que centren todos sus esfuerzos en mayor atención a la contratación pública para evitar que se materialicen hechos de corrupción y falta de transparencia.

Por otro lado, deben vigilar que las entidades habiliten canales para recibir las denuncias de la ciudadanía sobre eventuales riesgos de corrupción, así como apoyar a la Administración con el análisis de riesgos en la contratación, hacer seguimiento a los planes de acción que comienzan a surgir como contingencia, informar a los entes de control las presuntas irregularidades y evaluar la capacidad de las entidades para continuar la operación bajo las nuevas condiciones que impone la crisis.

Los jefes de control deberán, adicionalmente, solicitar a la administración, incluidas las oficinas de planeación y de comunicaciones, que establezcan la información a publicar durante todo el proceso contractual y su ejecución, así como los responsables de la actualización de la información, el medio de divulgación y el canal para recibir las denuncias o informes de la ciudadanía sobre eventuales riesgos de corrupción, y, las tareas a desarrollar conjuntamente con el Oficial de Transparencia y el enlace de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción RITA.

El fortalecimiento a la vigilancia de los recursos públicos se hace necesario puesto que, en aras de atender esta emergencia, se ha requerido flexibilizar la contratación para facilitar la adquisición de bienes y servicios con la prontitud que la emergencia lo demanda, indica la circular conjunta.

Dicha flexibilización en la contratación -explica el documento oficial- facilita la generación de espacios propicios para la corrupción, lavado de activos, crimen organizado, abuso de poder, desvíos y malversación de los dineros públicos, razón por la que se requiere mayor escrutinio a dichos contratos.

La Circular ordena igualmente a los Jefes de Control Interno, informar a los entes de control las presuntas irregularidades que se identifiquen en el mal uso de los recursos destinados a atender la emergencia económica y, semanalmente, a la Secretaría de Transparencia, los hallazgos y eventuales riesgos de corrupción.